370.000 votos de 'nietos' entrarán sin verificar antes del 29-N porque los cónsules no tienen tiempo

El sorpresivo y milimétricamente calculado adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre esconde una auténtica bomba de relojería institucional que amenaza con dinamitar las garantías democráticas del proceso. El foco de la controversia recae de lleno sobre los 370.000 votos de 'nietos' nacionalizados al amparo de la polémica Ley de Memoria Democrática, un colosal paquete electoral exterior cuyo control y fiscalización se han convertido en misión imposible.

Según ha trascendido en el ámbito diplomático, la Dirección de Asuntos Consulares y las oficinas consulares han requerido instrucciones urgentes ante una realidad insostenible: no hay tiempo material ni recursos humanos para verificar el origen y la legalidad de estos expedientes antes de la cita con las urnas. El caos operativo provocado por la precipitada convocatoria de Pedro Sánchez deja la puerta abierta a un control desvirtuado del censo exterior.

El problema jurídico y de seguridad institucional no es menor. El pasado 9 de septiembre, el Tribunal Supremo estimó diversas medidas cautelares para poner coto al descontrol en la concesión de nacionalidades a descendientes de españoles. La resolución exigía a los consulados acreditar de forma fehaciente qué nuevos ciudadanos son verdaderamente descendientes directos de exiliados políticos y cuáles se han acogido a una presunción generalista que los eximía de demostrar el exilio de sus antepasados.

Sin embargo, la maniobra electoralista de Pedro Sánchez ha hecho estallar los plazos por los aires. Los propios cónsules han advertido que en las inscripciones incorporadas al censo electoral vigente podrían colarse personas comprendidas en el ámbito subjetivo respecto del cual la Sala acordó cautelarmente la suspensión de efectos electorales, al ser materialmente inviable analizar los expedientes pormenorizadamente antes del 29-N.

La administración consular ya asumía en sus previsiones internas que no sería factible revisar este ingente volumen de documentación al menos hasta principios de 2027. Ahora, con un calendario impuesto a capricho por Pedro Sánchez, se consuma la tormenta perfecta: un censo hipertrofiado, opaco y con cientos de miles de votos que podrían introducirse en el sistema sin el filtro legal que exigían los tribunales.

Mientras partidos de la oposición reclaman a la Junta Electoral que exija el cumplimiento estricto del auto del Supremo, desde el entorno de Pedro Sánchez se intenta restar importancia a un problema que desborda por completo a la red diplomática española.

Que casi 400.000 votos de ciudadanos residentes fuera de nuestras fronteras se jueguen a la carta de la improvisación administrativa no es un simple contratiempo logístico; huele peligrosamente a una jugada orientada a pescar en río revuelto. La urgencia electoral de un Pedro Sánchez acorralado vuelve a anteponer su supervivencia en el poder por encima de la limpieza y la transparencia democrática de unas elecciones generales que nacen bajo la sospecha de la adulteración censal.